DISCURSO DEL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DANILO MEDINA EN LA CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL SICA
Guatemala, 26 Junio
2015
Excelentísimo Señor Otto Pérez Molina,
Presidente de la
República de Guatemala y Presidente Pro Tempore del SICA;
Excelentísimos
Sres. Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros del Sistema de la
Integración Centroamericana;
Honorables Señores
Ministros de Relaciones Exteriores;
Respetables miembros de las distintas delegaciones
que nos acompañan;
Señoras y Señores;
Ante todo,
gracias a todos los guatemaltecos por acogernos nuevamente hoy en este hermoso
país. Y gracias, especialmente, a su Presidente Otto Fernando Pérez Molina.
Cuando hace
unos meses visitamos este país, con motivo de la cumbre entre el SICA y España,
les felicitamos por estar desempeñando una Presidencia Pro Témpore
especialmente activa y dinámica.
En esta
ocasión, volvemos a repetir públicamente esta felicitación. Así como nuestro deseo de que los próximos seis meses,
en los que El Salvador tendrá la Presidencia Pro Tempore de esta organización,
se caractericen por un igual impulso a nuestra agenda de integración.
Porque, no lo
duden, en los próximos años vamos a necesitar de este dinamismo, para hacer
frente a los desafíos que nos plantean la integración comercial, la seguridad
ciudadana o los movimientos migratorios.
Hoy quiero
hablarles de este último aspecto. De las migraciones y de las respuestas que
debemos darle desde los Gobiernos. Es decir, de las políticas de migración y
documentación. Y en concreto de lo que en este campo hemos logrado
recientemente en la República Dominicana.
Quisiera empezar recordando que, al igual que el
resto de países del SICA, la República Dominicana ha sido durante las últimas
décadas un país de emigrantes. Y en buena medida lo sigue siendo.
Cientos de miles de dominicanos y dominicanas viven
en Estados Unidos y Europa, en muchas ocasiones manteniendo a sus familias
mediante el envío de remesas ganadas duramente con su trabajo.
Esta es una experiencia común en la que se reconocen
millones de centroamericanos.
Por eso, en noviembre del año pasado, todos los
presentes seguimos con atención la acción ejecutiva que el Presidente Obama
tomó para arreglar su sistema migratorio, al que en su momento definió como un sistema roto.
Esta acción se encuentra actualmente en un impasse
debido a resistencias en la oposición republicana. Pero, si finalmente
consiguen arreglar ese sistema roto, y esperamos que así
sea, cientos de miles de nuestros compatriotas centroamericanos y caribeños podrían
vivir y trabajar en el vecino país del norte con más seguridad y más derechos.
Obviamente, si a los Estados Unidos, con sus
inmensos recursos, la documentación de los migrantes les supone un reto, es
lógico que a nosotros nos lo plantee igualmente, y mucho más que a ellos.
En el caso de la República Dominicana, heredamos
también un sistema que nos mantuvo durante
décadas en una situación de debilidad administrativa. Y que había dejado a
grupos enteros, de población, tanto nacionales como migrantes, en situación de
indocumentación y vulnerabilidad.
Para poner fin a esta situación, decidimos tomar la
iniciativa y dotar a todas las personas que viven en el país con una
documentación acorde a su situación. Ya sean dominicanos, extranjeros en
situación regular, o irregular.
Dos fueron los principios fundamentales que nos
guiaron en esta iniciativa: el estricto respeto a las leyes dominicanas y la
protección de los derechos humanos de las personas.
Y dos fueron también los mecanismos legales de los
que nos dotamos: la Ley Especial 169-14 y el Plan Nacional de Regularización.
La Ley Especial 169-14 establece dos grandes grupos
de personas beneficiarias que se denominaron Grupo A y Grupo B, de acuerdo a su
estatus documental.
El Grupo A corresponde a personas nacidas en la
República Dominicana, hijos de ambos padres extranjeros en situación irregular
y que cuentan con algún tipo de documento expedido por nuestro Estado
acreditándolos como nacionales.
Gracias a la ley, 55,000personas en esta situación
han visto reconocida su documentación por la Junta Central Electoral y con
ella, su ciudadanía dominicana.
El Grupo B está conformado por hijos de padres
extranjeros en situación migratoria irregular nacidos en República Dominicana y
que no contaban con ninguna documentación. Las 8,755 personas que en virtud de
la ley solicitaron su registro en el Libro de Extranjería podrán acceder al
proceso de naturalización en un plazo de dos años.
En cuanto al Plan Nacional de Regularización, esta
iniciativa especial buscaba corregir situaciones
migratorias de las personas que estaban en el país de manera irregular.
Al cierre del plazo, 288,486 personas solicitaron su
regularización en alguno de los 24 centros de
atención que abrimos en todo el territorio y están hoy en proceso de recibir el
estatus que ameritan.
Merece
la pena señalar que, durante el tiempo que estuvo en vigor el Plan, que fue de
18 meses, las deportaciones se suspendieron. Y que se llevó a cabo una campaña
de comunicación e información para dar a conocer estas iniciativas a todos los
posibles beneficiarios, además de ofrecer orientación, apoyo en las comunidades
y de ofrecer un trabajo totalmente gratuito.
De la
misma manera, para facilitar el acceso a los interesados el gobierno incorporó
instituciones y organismos con experiencia en la materia, ACNUR, la
Organización Internacional para las Migraciones, UNICEF, la Unión Europea, el
PNUD y la Mesa Nacional para las Migraciones, entre otras.
Como
quizá sepan, durante los últimos meses, algunos medios de comunicación
internacionales y algunas organizaciones, han repetido la teoría de que más de
200,000 personas habrían quedado en situación de apatridia y estarían en
peligro de ser expulsados de la República Dominicana.
Esto es
completamente falso. Y como no queremos pensar que es un falsedad
malintencionada, sino que se trata de un error, vamos a examinar por un momento
donde tiene su origen este error en las cifras y cuál es la realidad.
Quienes
originalmente plantearon estas cifras tomaron como base los datos de la
Encuesta Nacional de Inmigrantes del año 2012, elaborada por la Oficina
Nacional de Estadísticas, con la colaboración de las Naciones Unidas.
Según
la Encuesta, teníamos en el momento 244 mil 151 personas hijas de extranjeros.
De esta información, sin embargo, no podemos deducir nada sobre el estatus
documental ni migratorio de estas personas, mucho menos su situación de
apatridia.
Ocurre
que de ese total, 105 mil 381 tienen por lo menos un padre dominicano, por lo
tanto les corresponde la nacionalidad dominicana de pleno derecho según nuestra
Constitución. Dicho de otra forma,
sabemos ya que no son apátridas.
El
resto, 138 mil 770 son hijos con ambos padres extranjeros, pero no por eso
apátridas.
Para empezar
porque, de este grupo, 20 mil 213 de esos, dicen poseer un documento de
identidad extranjero y 16 mil 556 dicen poseer documento extranjero y
dominicano. Podemos decir con certeza, que estas 36,769 personas tienen su
situación en cuanto a nacionalidad resuelta, incluso doblemente resuelta.
La
cifra de potenciales “apátridas” se habría reducido entonces a 100,000 personas
aproximadamente.
Sin
embargo, entre esos están las 55,000 personas del Grupo A y sus descendientes,
así como los 8,775 del grupo B que, como expliqué, han visto su nacionalidad
reconocida por la Junta Central Electoral.
Es el
caso, por ejemplo, de la señora Juliana Deguis y de sus cuatro hijos, que hasta
hace poco no habían sido registrados por la situación de indefinición documental
de su madre, pero que ya lo están.
Es
fácil deducir que los 100,000 restantes, de acuerdo a la encuesta, son esta
población y que su problemática también
ha sido resuelta. Es decir, tampoco están en situación de apatridia ni en
peligro de ser expulsados del país.
En
definitiva, seamos claros: en la República Dominicana el número de casos de
apatridia es cero.
Esa es
la realidad, y puede ser constatada por los organismos de Naciones Unidas
especializados en la materia con presencia en el país.
Por supuesto,
como cualquier Estado, no somos infalibles y podemos cometer errores. Si eso
llegara a ocurrir y alguien presentara un caso de apatridia a nuestro gobierno
debidamente documentado, no les quepa duda de que le daremos la debida
solución.
Nuestro
ordenamiento jurídico cuenta con los mecanismos para que así sea. Pero hasta el día de hoy eso no se ha
producido ni mucho menos hemos posibilitado una política de Estado para
propiciar nada semejante, como algunos se han atrevido a insinuar.
Por
tanto, quiero ser muy enfático en esto,
no permitiremos que se siga hablando en esos términos de nuestro país
con total impunidad.
Entiendo
que esta es una realidad compleja, con distintas figuras legales, diversos
grupos de población y varias cifras.
Es una
realidad quizá menos mediática, ya que no se presta a grandes titulares
alarmistas, ni a una narrativa prefabricada de perseguidores y perseguidos.
Es una
realidad que exige de análisis, investigación, rigor y honestidad. Y esas son
precisamente las virtudes que se le suponen a la labor periodística. A la
prensa internacional, por tanto, le invitamos a ejercerlas en la República
Dominicana.
El 17 de junio finalizó el plazo de inscripción en
el Plan Nacional de Regularización. Y con su finalización, a pesar de lo que
muchos parecían esperar, no se produjo ninguna catástrofe humanitaria, ni se
inició ninguna caza de brujas.
Sencillamente, lo único que ocurrió es que volvió a
entrar en vigor nuestra legislación habitual en materia de migración. Ni más,
ni menos.
Pero, más allá de las especulaciones, considero que
tras un esfuerzo colectivo como este, es importante hacer un balance justo de
lo que se ha logrado. Y no podemos permitir que el debate quede exclusivamente
en manos de los sectores más polarizados.
Porque hay algunas organizaciones y medios de
comunicación que parecen querer conjurar en la República Dominicana de hoy actual
los miedos de otras épocas u otras latitudes.
Dicen hablar desde el humanitarismo pero, por desgracia, lo hacen
también desde el desconocimiento de los acontecimientos sobre el terreno.
Sin embargo, por encima de las opiniones y los
discursos de uno y otro signo están los hechos irrefutables que, como Jefe de
Estado, quiero reivindicar.
La realidad es que, en la
República Dominicana, más de 350,000 personas han visto regularizada su
situación y serán
dotadas del estatus documental que les corresponde. Para los que se acogieron
al plan de regularización este será la residencia legal. Para los que se
beneficiaron de la ley 169-14, será la nacionalidad.
Debo decir que pocos países pueden exhibir un
resultado similar en tan poco tiempo en esta materia.
La realidad es, también, que en
nuestro país ni hay, ni habrá deportaciones indiscriminadas o colectivas. No las ha habido desde que llegó la democracia, no
las necesitamos, y por supuesto, no las habrá en el futuro.
Se aplicará la ley, sí,
individualmente, con garantías, y dando facilidades para el
retorno voluntario, al que ya se han acogido decenas de miles de personas que
no cumplían los requisitos del Plan. Esa
es la realidad de un Estado de Derecho.
La realidad es que en la
República Dominicana no se han registrado casos de apatridia, por más que
algunos quieran seguir inventándolos. Como les decía, el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, ACNUR, no ha constatado ninguno y, precisamente
para eliminar el peligro de que se dieran, votamos la ley 169-14 y la aplicamos
con éxito.
La realidad, en definitiva, es
que en 2015, en nuestro país, cientos de miles de personas tendrán una
documentación y unos derechos que en 2013 no tenían.
¡Y este ha sido, no lo duden,
un gran avance para los derechos humanos en la región!
Un éxito que solo fue posible gracias a los valores
sobre los que estamos construyendo la República Dominicana. Un país justo,
solidario, donde los derechos se respetan y donde las leyes se cumplen.
Dicho esto, quiero enfatizar también que nuestro
país tiene el derecho soberano de regularizar los flujos migratorios de acuerdo
a las leyes que nos rigen, igual que lo tienen y lo ejercen países como Estados
Unidos o los miembros de la Unión Europea.
Por tanto, no vamos a permitir que continúe esta
campaña sucia y de descrédito que hace oídos sordos a todas las garantías que
hemos establecido para proteger a las personas y se prefiere anunciar una
crisis humanitaria inexistente.
Tampoco vamos a plegarnos a las falsas acusaciones
de racismo o xenofobia, que carecen completamente de fundamento en un país
caracterizado por el mestizaje desde hace siglos.
No aceptaremos ese chantaje que nos amenaza con
sanciones internacionales basándose en acusaciones que son absolutamente
falsas.
La República Dominicana es un país abierto al mundo,
que no olvida los sacrificios de su hermanos en el exterior y que valora de la
misma forma las aportaciones de todos aquellos que llegan a nuestra tierra.
El primer destino turístico del Caribe y también el
país que más inversión extranjera ha recibido en los últimos años, precisamente
por la acogida que damos a las personas y por la seguridad jurídica que
ofrecemos a los empresarios.
Sin embargo, pueden estar seguros de que nuestra
soberanía no se pondrá en cuestión, ni porque llegue un turista más, ni por un
centavo más de inversión.
Aquellos que prefieran creen lo que les dicen otros,
alimentar prejuicios y vivir en el engaño, son libres de hacerlo, pero no
cuenten con nosotros para seguirles el juego.
Aquellos que quieran venir a nuestro territorio y
comprobar con sus propios ojos la realidad de nuestro país, la bondad de
nuestra gente y las oportunidades que ofrecemos, son bienvenidos, como siempre
lo han sido.
Muchas gracias, a todos los presentes, por
permitirme informarles de estos asuntos de gran importancia para nuestro país,
y que me consta encuentran un eco de reconocimiento en el conjunto de los
países del SICA.